PROVINCIALES 

Confirman procesamiento para Aida Ayala

La Cámara Federal de Apelaciones se expidió sobre un recurso presentado por la defensa de la actual diputada nacional y decidió rechazarlo, confirmando el procesamiento sin prisión preventiva por presunta defraudación contra la administración pública cuando cumplía funciones como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, entre 2015 y 2017.
Esta causa nació en mayo de 2018 a partir de una denuncia de Carlos Casalboni, intendente de Quitilipi en ese momento. Por ello la Justicia Federal ordenó allanar una oficina de Matías Balmaceda Paiva, exyerno de Ayala.
En aquel momento se supo que la denuncia la había hecho el propio intendente de Quitilipi, donde contó que Ayala, en su rol de secretaria nacional, “bajaba fondos a diferentes localidades con la condición de que la compra se haga a través de la Fundación Construir y en negocios que ellos mismos elegían”. “Uno de esos locales se llama Chaco Service, donde en el domicilio declarado en realidad funciona un local de service de aires acondicionados”, había expresado.
Niremperger procesó a la actual diputada nacional “por “considerarla prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal, en calidad d autora 0. 45 CP.)” y la embargó “sobre sus bienes hasta cubrir la suma de un millón de pesos”.
También fueron procesados, sin prisión preventiva, Balmaceda Paiva, Miguel Ángel Vilte y Claudio Tolosa por considerarlos “penalmente responsables del delito fraude en perjuicio de la administración pública”. Asimismo, los tres fueron embargados por la suma de un millón de pesos.
Tras un recurso de apelación presentado por la diputada nacional chaqueña, se conoció el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El tribunal de alzada rechazó el planteo y confirmó lo dictado por Niremperger, por lo que Ayala continúa procesada en la causa.
La sentencia, que lleva las firmas de las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, afirma que “se advierte que independientemente de haberse cumplido -en apariencia- con los pasos administrativos estipulados en la normativa aplicable al caso para la contratación, se observa que su trámite estuvo plagado de irregularidades ya que lo cierto es que los elementos colectados en la causa demuestran la verosimilitud de la existencia de precios sobrevaluados, la desaparición de constancias administrativas que oscilan en importancia y el vínculo entre la encartada y los coimputados”.
La intervención de la imputada en el ilícito se halla corroborada –con el grado de probabilidad exigido en esta instancia procesal– a partir de las probanzas arrimadas a estos autos, las que a criterio de las suscriptas determinan el pleno conocimiento que tenía del accionar delictivo que estaba llevando a cabo”, afirman las magistradas en su fallo.
En otro tramo del contundente fallo, añaden: “No es tarea de este Tribunal reiterar todas las probanzas y las conclusiones de ellas derivadas que citara la Juzgadora, menos aun teniendo en consideración que –como se dijo­ se advierten agregadas pruebas consideradas como parte integrante de la resolución atacada que acreditan la intervención de Ayala como Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, en el otorgamiento de subsidios a la Municipalidad de la ciudad de Quitilipi (Chaco), direccionando la contrataciones ­a través de su yerno Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte­ para la adquisición irregular de determinados bienes en el establecimiento perteneciente a Claudio Alejandro Tolosa (Service Hogar), a través de la compra directa y pago de sobreprecios, sin que se verifique la correspondiente rendición de cuentas, dada la sustracción de documentación pertinente”.
Y agregan: “No debe desconocerse que se investiga en esta causa un esquema de corrupción y el campo de sofisticación de esta clase de delitos conlleva la necesidad de un “plus” tanto en la metodología de investigación como en la consideración de las probanzas recabadas, lo que debe realizarse de manera integral y contextualizada, con recursos que estén a la altura de la matriz de corrupción, más aún cuando ¬como ocurre en el caso¬ se encuentran involucrados funcionarios públicos, lo que tiende a garantizar la impunidad”, agregaron.

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