PROVINCIALES 

UPCP rechaza el acuerdo entre la provincia y ANSES

El Secretario General de UPCP, José Niz, presentó formalmente, las objeciones a la ratificación de los acuerdos firmados con ANSES y con el Fondo De Garantía De Sustentabilidad “por transgredir el Art. 75 de la Constitución Provincial”.

Desde el gremio indicaron que:

A pesar de haber solicitado, que de modo previo a la sanción del Proyecto de Ley remitido en fecha 12 de enero de 2021 y los acuerdos enviados para ratificación el 1 de febrero de 2021, la Cámara de Diputados requiera informes al Ejecutivo por arrogarse facultades de las que carece atento que conforme el Art.119 inciso 4, es el Poder Legislativo el que debe: “Autorizar al Poder Ejecutivo a contraer empréstitos , emitir títulos públicos y celebrar cualquier otra operación de crédito con arreglo a lo dispuesto por esta Constitución.” .

Los legisladores provinciales, ratificaron los acuerdos cuyos textos protocolizados por la Secretaria General de la Gobernación demuestran de modo fehaciente la violación de la normativa vigente promovida por el Gobierno Provincial , y que lejos de asegurar los derechos jubilatorios de los trabajadores del Estado Provincial y Municipal encuadrados en la Ley 800-H, solo justificaron su accionar en la necesidad de recibir anticipos de la Nación.

(El ejecutivo) garantiza el reembolso del monto refinanciado, con la coparticipación y condicionar a la provincia, en orden con lo establecido por el Consenso fiscal Ley 27429, al cumplimiento del Decreto 730/18 por el cual se “ invita a las provincias que posean regímenes previsionales no transferidos al Estado Nacional a continuar con las modificaciones normativas que les permitan tener un sistema previsional equilibrado y sustentable en el tiempo.”

Ante la falta de cumplimiento por parte de la PROVINCIA a los compromisos asumidos en los acuerdos ratificados, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL queda facultada a suspender los anticipos y a arbitrar los medios necesarios para recuperarlos, dando intervención a la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA a efectos de proceder a la retención de la participación provincial en la recaudación de impuestos coparticipables.

Exigimos a los diputados que garanticen la plena operatividad del Art. 75 de la Constitución Provincial que establece: » El sistema previsional de la Provincia es intransferible al Estado Nacional o a entes públicos, privados o mixtos de cualquier naturaleza. Su administración o recaudación no podrá otorgarse a terceros, quedando a cargo de un organismo con autarquía económica y financiera integrado por representantes del Estado Provincial, trabajadores activos, pasivos y síndicos, aplicándose el sistema de reparto con asistencia estatal. La ley asegurará jubilaciones móviles e irreductibles y pensiones de igual carácter a los beneficiarios de las mismas, a quienes garantizará los siguientes derechos:

1) El haber mensual de la jubilación ordinaria móvil, de como mínimo, el ochenta y dos por ciento (82%) de las remuneraciones actualizadas, siendo su movilidad automática.

2)El haber jubilatorio inicial determinado a partir de las ciento veinte (120) mejores remuneraciones mensuales actualizadas.

3)Compensación de años de servicios con edad, en la proporción de dos (2) años de servicios con aportes excedentes por un (1) año de edad faltante.

4)Mantenimiento, como máximo, de los requisitos de acceso a los beneficios establecidos en el régimen diferenciado existente para el personal docente.

5) Mantenimiento de las condiciones de acceso a los beneficios establecidos en el régimen especial para el personal policial. Los empleados públicos a la fecha de incorporación de la enmienda de este artículo a la Constitución, accederán a la jubilación ordinaria móvil a la edad máxima de sesenta (60) años, con treinta (30) años de aportes y veinte (20) años, como mínimo, al organismo previsional provincial. El funcionamiento del sistema previsional se reglamentará por ley sancionada por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados, garantizando el financiamiento y la sustentabilidad del mismo. La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social para profesionales.»

Nuestros derechos previsionales son innegociables y por ende son los Diputados los que tienen que hacer el seguimiento para que el gobierno provincial asista financieramente al INSSSEP y tienen la responsabilidad política de analizar sistémicamente el déficit previsional, y merituar el contexto provincial, donde el sistema de empleo elegido es la precarización laboral en la Administración Pública, entes autárquicos y descentralizados, y firmar convenios para que, con aportes reducidos se sobrecargue a la Obra Social con una problemática estructural como lo es la de trabajadores en negro ( Programas Más Inclusión, Renta Mínima Progresiva, Expertos, Focos, Becados), que agrava el funcionamiento del sistema atento la falta de separación de los fondos (conformados por los aportes de los trabajadores) que autoriza un esquema de compensación en caso de carencia de factibilidad económica en uno de ellos.

Una política previsional sustentable está directamente vinculada a una política regularización del recurso humano como pilar sobre el cual se apoyan los servicios públicos y su garantía de continuidad, y todo eso depende de la sanción de leyes que modifiquen la realidad actual y políticas activas de control que efectúen el seguimiento de fondos que se transfieren a la provincia, para desentrañar si verdaderamente se destinan a la implementación de políticas públicas, pensadas para el bienestar de todos los chaqueños, finalizó.

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