EL MUNDO 

«El pueblo indígena de Colombia está viviendo un genocidio»

El paro que arranca el 28 de abril está motivado por diversos sectores del país con una convocatoria muy fuerte de los sectores urbanos y de los sectores juveniles en las ciudades. Al mismo tiempo, como comunidades indígenas, teníamos una situación de inconformidad muy grande frente a cómo el Gobierno de Iván Duque venía manejando las políticas en relación a los pueblos indígenas.

Entre esos temas está la aspersión aérea con glifosato. El Gobierno ordenó que se reactiven esas aspersiones, lo que generó grandes afectaciones a toda la población porque al momento de regar este glifosato de Monsanto y de otras empresas, se produce un daño a la tierra y a todos los alimentos que las comunidades tienen sembrados.

Sabemos que no es una estrategia que resuelva el problema del narcotráfico en Colombia, afecta directamente a las personas que están en la parte inferior de la cadena del narcotráfico, pero deja libres a todos los que realmente manejan todo este negocio y la institucionalidad también es parte porque es muy permisiva a muchas cosas. Las altas cortes le han dicho al Gobierno que esto no se debe permitir porque además genera muchas problemáticas en términos de salud y es una de las inconformidades que tenemos con este gobierno.

Otra de las grandes motivaciones y razones del paro nacional, que hemos llamado la Minga hacia fuera, tiene que ver con el tema del genocidio que estamos viviendo como pueblo indígena y también los asesinatos y masacres contra diferentes sectores de la población de Colombia. Contamos con cifras, muy alarmantes y tristes, por ejemplo, en el 2018 se registraron 190 masacres.

Es un momento en el que todos nos hemos podido encontrar, ha sido muy esperanzador porque no vamos a dejar que el Gobierno nacional siga imponiendo políticas que les hagan daño a las comunidades.

El caso más reciente y que ha generado una gran tristeza también para nosotros sucedió el pasado 21 de abril cuando asesinaron a Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora indígena del Departamento del Cauca. Ella estaba resguardando la Laguna Siberia en Caldono y era además una autoridad de ese territorio y parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, que es una organización indígena regional que tiene una fuerza muy grande en todo el tema del control territorial a partir del proceso de la Guardia Indígena.

Ella estaba llevando a cabo una lucha muy fuerte y decidida para terminar con los cultivos de uso ilícito dentro de su resguardo, eso era un problema para esos actores que estaban invadiendo el territorio y empezó a recibir amenazas. Nunca contó con seguridad por parte del Estado, a pesar de que se había advertido. Se considera que la asesinó la gente de las disidencias de las FARC que estaban en relación con el narcotráfico.

En muchas partes de Colombia y en el departamento del Cauca, si bien, hay un reconocimiento al derecho al resguardo del territorio de las comunidades, el conflicto armado y la relación tan fuerte que hay con el narcotráfico, ha generado que haya diferentes actores armados que están disputándose el control y las rutas estratégicas del narcotráfico.

Después de ese asesinato, el CRIC del Consejo indígena del Cauca decidió, en nuestro ejercicio de gobierno propio y de guardia indígena acabar con esa presencia de cultivos de uso ilícito que hay en el resguardo y decidieron lo que ellos llaman la minga hacia adentro. Arrancaron las matas que iban a ser usadas para cultivos de uso ilícito de coca que había dentro del resguardo.

Esto sucedió una semana antes de que empezara el paro, por eso también acá venían de una indignación muy grande. Fueron días de mucha tensión, mientras la gente iba haciendo ese ejercicio en diferentes partes, actores armados, les empezaron a disparar. Hubo heridos, fue un choque muy tenaz.

El Estado colombiano no ha querido implementar una estrategia que realmente termine con el narcotráfico, por ejemplo, en el Acuerdo de paz que firmó el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC en del 2016, uno de los puntos, tiene que ver con el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Se generaron programas para las familias que arrancaron esas matas y les iban a dar apoyo en otro tipo de cosa.

El Gobierno no ha cumplido con los acuerdos o lo ha hecho de manera muy imparcial, entonces, la situación es que la ruralidad está prácticamente en abandono porque el Estado no ha tenido voluntad.

Solo en 2018 se registraron 190 masacres en Colombia.

Acá hay un tema también muy fuerte con la militarización de los territorios. Esa violencia policial que hoy se está viviendo en las ciudades es la realidad que durante muchísimo tiempo ha tenido que vivir la población indígena, afro y campesina que está en la ruralidad. Hay una exigencia muy grande de desmilitarización de nuestros territorios.

En el Acuerdo de paz, los pueblos indígenas dieron su apoyo, se logró la firma de un capítulo étnico dentro del acuerdo y lo que esperábamos era que realmente desde el 2016, hubiera condiciones para un tránsito hacia condiciones de paz. Pero lo que estamos evidenciando es que no hay una voluntad política realmente para la paz, porque este Gobierno lo único que ha hecho es militarizar tanto lo rural como lo urbano, en contra del derecho a la vida y el derecho a la protesta de toda la población.

Las comunidades indígenas tienen un rol muy importante en las protestas que se están sucediendo. Históricamente, los pueblos indígenas nos hemos movilizado, hemos exigido que haya un respeto a los territorios, que haya garantías para la vida. Cuando vemos que también en las ciudades se empiezan a mover un montón de nuevas juventudes y otros sectores que nunca antes se habían visto en Colombia, los pueblos indígenas hemos dicho nosotros tenemos reivindicaciones propias, pero además también somos muy solidarios.

Estamos evidenciando es que no hay una voluntad política realmente para la paz, porque este Gobierno lo único que ha hecho es militarizar tanto lo rural como lo urbano.

Sabemos que ahorita, a las personas que están en los territorios urbanos les está tocando muy duro, por eso el CRIC ha ido hasta el Departamento del Valle de la ciudad de Cali con la Guardia Indígena para ayudar a hacer protección. Cali es la ciudad que lidera y que más ha sostenido el paro y que lastimosamente está sufriendo una respuesta del gobierno desmedida y arbitraria.

Por el momento, el paro va creciendo y hay una esperanza colectiva. A finales de 2019, en diferentes partes ya venía creciendo la movilización y la indignación, sobre todo, frente a los asesinatos tan desmedidos que había y las masacres. En marzo del año pasado llegó la pandemia y no pudimos seguir movilizando por el miedo al virus.

Pero ahorita, es un momento en el que todos nos hemos podido encontrar, ha sido muy esperanzador porque no vamos a dejar que el Gobierno nacional siga imponiendo políticas que les hagan daño a las comunidades.

Habrá que ver qué posibilidades hay para el diálogo entre los diferentes sectores, un diálogo nacional, porque mientras no logremos que realmente se detengan esas masacres, va a ser muy difícil poder sentarnos a hablar de otros temas. Necesitamos visibilizar a nivel internacional lo que está pasando.

Cítrica

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