SALUD 

¡LIBEREN LAS PATENTES!

Con más de 3 millones de personas fallecidas desde comienzos de la pandemia del coronavirus y, ante la propagación de nuevas variantes altamente infecciosas, garantizar que las herramientas médicas, las vacunas y tratamientos disponibles sean accesibles y se distribuyan de manera equitativa a nivel mundial, se torna indispensable. En este sentido, la iniciativa para la suspensión temporal de patentes y derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el Covid-19, con el apoyo de más de 100 países, busca priorizar la salud pública y un abordaje de derechos por sobre un modelo de negocio extraordinario de las compañías farmacéuticas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS PARA EL COVID-19 EN EL MUNDO
Hasta el momento, se han administrado más de 950 millones de dosis de vacunas para el Covid-19 en el mundo. Esto equivale a 12 dosis por cada 100 personas. Por continente, según información recopilada de fuentes gubernamentales por el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford y difundida por New York Times, las dosis administradas por cada 100 personas son:

– 41 en América del Norte

– 25 en Europa

– 15 en Sudamérica

– 9.4 en Asia

– 4.5 en Oceanía

– 1.1 en África

Hasta el momento, los países de altos ingresos concentran el 83% de las vacunas que se han producido contra el Covid-19, mientras que solo el 0,2% de la dosis se han administrado en aquellos de ingresos bajos. Mientras algunos países cuentan con dosis que superan en cantidad a su población, otros 130 no han recibido siquiera una dosis y no han podido comenzar sus campañas de vacunación. Se estima que, al volumen de producción actual, hay países que podrían recibir sus primeras dosis hacia el 2023.

Ya en agosto de 2020, Reino Unido era el mayor comprador per cápita del mundo en dosis de futuras vacunas para el Covid-19, con una media de cinco dosis por ciudadano. Por su parte, Estados Unidos había adquirido 800 millones de dosis de por lo menos 6 vacunas candidatas, con la opción de comprar cerca de 1.000 millones más. A estos países les seguían la Unión Europea, Japón, Canadá y Australia, asegurándose millones de dosis potenciales más de diversas empresas farmacéuticas. Según Oxfam, en septiembre de 2020, gobiernos que representan al 13% de la población mundial se habían asegurado más de la mitad de las dosis prometidas de vacunas candidatas.

“Nos encontramos con una escasez global de vacunas. Cuando más se tuvo que poner en juego la cooperación internacional para garantizar que nadie quede atrás, que todos puedan tener un acceso igualitario a la salud, es donde empiezan a verse las diferencias entre países con mayores ingresos, que hoy tienen un stock de hasta 5 u 8 vacunas por persona, versus países, más de 100, que todavía ni siquiera han arrancado con sus planes de vacunación. Eso es desigualdad, y, por supuesto, no la trae la pandemia, pero sí la refuerza” sostiene Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional en Argentina.

Existen actualmente iniciativas orientadas a generar una distribución más equitativa de las vacunas para el Covid-19. En mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la Covid-19 (C-TAP) con el objetivo de que las empresas pudieran compartir datos y conocimientos y acordar luego, licencias de producción y transferencias de tecnología a otros potenciales productores, para asegurar un acceso más veloz de la población a las vacunas, en cualquier parte del mundo. Pero, hasta el momento, ninguna empresa farmacéutica se ha adherido a C-TAP.

El sistema de patentes o de derechos de propiedad intelectual fue creado por el Acuerdo ADPIC, dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptado en 1994. Se establece un régimen más rígido que el existente hasta entonces sobre propiedad intelectual, que cubre a todos los productos, incluyendo medicamentos y alimentos.

Camila Barretto Maia es coordinadora del Área Internacional del CELS. Afirma que: “Hasta ese momento, países de varias regiones del mundo no reconocían patentes ni propiedad intelectual para muchos productos y los producían a nivel nacional para responder a las necesidades de su población. Desde el ’94, esto empezó a ser mucho más rígido. En el tema de medicamentos, eso generó una concentración absurda de la industria farmacéutica a nivel mundial, porque en los países más ricos la industria iba registrando sus medicamentos, siendo la única que los puede producir. Así llegamos a una situación donde muchos países, por ejemplo, de América Latina, están dependiendo de insumos que vienen de otros países, como India o China, para producir cosas tan básicas como, por ejemplo, la penicilina. Esto implica que tengan un margen muy limitado para políticas públicas en materia de salud o que estén muy limitados ante situaciones de crisis como ésta”.

Lo que hacen las leyes de propiedad intelectual es restringir el intercambio de datos relacionados con la investigación y el desarrollo. En el contexto actual de pandemia, lo que se solicita es que se suban las barreras de propiedad intelectual, a fin de favorecer una producción masiva en el mundo de vacunas, métodos de diagnóstico y tratamientos contra el Covid-19. También se apunta a que las empresas farmacéuticas pongan a disposición de otros agentes los conocimientos y desarrollos tecnológicos necesarios para la producción de la vacuna, como indica la iniciativa C-TAP.

LIBERACIÓN DE PATENTES: HACIA EL FIN DE LA PANDEMIA
El 2 de octubre de 2020, en un movimiento histórico, India y Sudáfrica solicitaron a la OMC que permitiera a todos los países optar por no otorgar ni hacer cumplir las patentes ni otras medidas de propiedad intelectual para vacunas, medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías relacionadas al Covid-19.

El comunicado lanzado por estos países se tituló “Exención de determinadas disposiciones del acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, contención y tratamiento de la Covid-19”. En éste, se sostiene que existen diferentes informes sobre derechos de propiedad intelectual que dificultan el suministro oportuno de productos médicos asequibles. Considera que, además de las patentes, hay otros derechos de propiedad intelectual que pueden suponer un obstáculo y que muchos países pueden tropezar con dificultades institucionales y jurídicas al utilizar flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.

“Liberar las patentes sería una colaboración automática entre los países para poder acceder a esta tecnología y utilizar toda la capacidad instalada que tenemos para fabricar vacunas. También adaptar plantas que no están todavía preparadas para eso, pero que pueden adaptarse. Las farmacéuticas dicen que no ven capacidad en el Sur global de producir esto, que es muy complicado y una serie de argumentos que se caen solos” cuenta Lorena Di Giano, abogada especialista en acceso a medicamentos y propiedad intelectual y Directora Ejecutiva de Fundación GEP en Argentina.

La campaña “Liberen las patentes” apunta a que se haga la transferencia de tecnología para la fabricación de vacunas contra el Covid-19. Busca que se trate como bienes públicos y no como propiedad exclusiva de ciertas compañías farmacéuticas, pudiendo utilizar toda la capacidad que existe a nivel mundial para su producción. La campaña es un llamamiento a que los Estados vuelvan a la OMC y que se adopte la suspensión temporal de la propiedad intelectual y otros derechos exclusivos que estarían impidiendo que los Estados accedan a todo tipo de insumos, de medicamentos y de vacunas para la pandemia, en tanto ésta dure. Es una exención temporal de estos derechos de propiedad intelectual.

Añade Di Giano que: “Podríamos utilizar toda la capacidad que hay a nivel mundial para la producción de vacunas. Brasil y Argentina tienen capacidad para producir transitoriamente mientras se instalan plantas en otros países de la región. Esto es posible. El tema es que se terminaría el gran negocio que esto significa para ese sector tan poderoso que está logrando que los países de donde son originarios los defiendan en la OMC y bloqueen la seguridad de que la tecnología -que fue desarrollada con fondos públicos- sea de libre acceso para todos”.

Por su parte, Josefina Martorell, Directora de Médicos Sin Fronteras para América del Sur, sostiene que: “En el caso de que se levantaran las patentes, impactaría de forma positiva en la vacunación global, ya que habría transferencia de tecnología para que la producción pudiera ser hecha por otros laboratorios y aumentaría la producción, el suministro. Y esto también bajaría los precios. Pero lo más importante en esta pandemia es que estén disponibles, sean asequibles todas las vacunas, los diagnósticos, los tratamientos, para poder terminarla cuanto antes”.

Actualmente, más de 100 países apoyan la iniciativa. De llevarse a votación, más de las dos terceras partes de los miembros de la Organización Mundial del Comercio votarían a favor. Pero los países más ricos, que son los que concentran la mayor parte de las vacunas que se han podido producir y en donde tienen sede las principales compañías farmacéuticas internacionales, están bloqueando la posibilidad de que se alcance esta votación.

UN NEGOCIO EXTRAORDINARIO
Entre los argumentos de las empresas farmacéuticas para oponerse a la exención temporal de patentes se destacan imposibilidades económicas, puesta en peligro de la investigación y negación del impacto de estas medidas como respuesta a la pandemia. En este sentido, sostiene Di Giano que: “En la ciencia básica –y el ejemplo más claro es el de Oxford-AstraZeneca– la primera parte del desarrollo se hace con fondos públicos en las universidades. También es el caso de Pfizer y de las otras farmacéuticas estadounidenses. Para apuntalar los ensayos clínicos de una manera acelerada, también las compañías estuvieron recibiendo fondos públicos. Entonces ¿hasta qué punto pueden apropiarse del conocimiento y la tecnología para su propio lucro?”. Añade: “En Pfizer y Moderna, durante 2021, podrían obtener ganancias de entre 15.000 millones y 30.000 millones de dólares, en detrimento de la salud”.

Cuenta Di Giano que, pese a la participación pública en el desarrollo de las vacunas para el Covid-19, los Estados terminan fuera del rol de inversores activos en el desarrollo de tecnologías médicas, descansando en el sector privado. El Estado pasa a ocupar un rol de comprador activo de productos fabricados en el sector privado y a precios exorbitantes debido a las patentes y derechos de propiedad intelectual.

Martorell, por su parte, indica que: “Las farmacéuticas, como empresas que son, mantienen su enfoque habitual que está centrado en maximizar ganancias. Pero muchas de las herramientas médicas que se están desarrollando recibieron financiación pública en su etapa de investigación. A pesar de esto, las compañías buscan patentarlas, controlar el precio y la producción. Algunos mitos de la industria farmacéutica, de que la suspensión de patentes es una amenaza para la producción es algo que en realidad no vemos. Entonces, queremos derribar algunos mitos, saber que muchas veces es la financiación pública la que hace que avancen estos tratamientos, estas vacunas. Además, las farmacéuticas quieren bloquear la competencia y esto les hace mantener los precios elevados. Pero también, la industria farmacéutica siempre ha recibido una financiación pública masiva, no solamente en esta pandemia, pero sí especialmente durante la misma”.

COVAX ¿ES SUFICIENTE?
COVAX es un mecanismo promovido por la OMS, junto con la Alianza para las Vacunas (GAVI) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Apunta a facilitar el acceso a vacunas contra el Covid-19 por parte de los países de menores ingresos, con ayuda del aporte de países de ingresos superiores. Promueve la compra masiva de vacunas a partir de la contribución de todos los países para el acceso a vacunas más económicas y, también, para la construcción de planes de vacunación para los países sin capacidad de compra. La iniciativa se planteó con el objetivo de, en 2021, distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas para alcanzar al menos al 20% de la población de los países de ingresos menores. Para eso, se necesitan cerca de 7.000 millones de dólares, que aún no se han llegado a recaudar. Según Fundación GEP, se han alcanzado 2.000 millones de dólares para este objetivo. A su vez, a través de esta iniciativa, los países más ricos tienen la posibilidad de solicitar vacunas para el 50% de su población, mientras que los países de menores ingresos pueden solicitar el 20%.

Por otro lado, la compañía que ha decidido ingresar a COVAX es Oxford-AstraZeneca. Esta, hace una transferencia de tecnología a una sola empresa de la India, buscando beneficiar a 92 países, donde se estima que viven 4.000 millones de personas. Sostiene Di Giano que: “Se agradece, pero no es la solución que estamos necesitando, porque es una sola empresa ¿cuánto tiempo le va a llevar poder cubrir a esa cantidad de personas? El resto de las empresas no han entrado en COVAX. Luego hay casos extremos, como hizo Pfizer, de pedir leyes específicas y luego todavía más requisitos”.

CRISIS ECONÓMICA SIN PRECEDENTES
Mientras unas pocas compañías farmacéuticas mantienen el monopolio de la producción de vacunas que podrían acelerar la finalización de la pandemia, un nuevo informe anual de la CEPAL estima que, en América Latina, la pobreza y la pobreza extrema alcanzaron niveles que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente. El total de personas pobres ha ascendido a 209 millones a finales del año 2020. Esto es 22 millones más que el año anterior. De ese número, 78 millones se encontraban en situación de pobreza extrema, siendo 8 millones más que en 2019. Además, según las nuevas proyecciones de CEPAL, la fuerte recesión económica de la región llevará a una caída de -7,7% del PBI. En 2020 la tasa de pobreza extrema llegó a 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7%. Los gobiernos regionales implementaron 263 medidas de protección social de emergencia durante el 2020, alcanzando al 49,4% de la población. Con una tasa de desocupación regional que llegó a ubicarse en 10,7% finalizando el 2020, es decir, 2,6 puntos porcentuales más que el año anterior, la caída generalizada del empleo ha afectado especialmente a mujeres, trabajadorxs informales, migrantes y jóvenes.

Desde el CELS, Barretto Maia sostiene que: “La vacuna es un derecho fundamental para ejercer una serie de otros derechos. No tener la vacuna significa riesgo de vida, porque es una enfermedad que mata. Entonces, si vos no estás distribuyendo vacunas para preservar intereses privados, estás vulnerando el derecho a la vida de determinados sectores de la población mundial. Después, está el derecho a la salud, el de no enfermarse. Y finalmente, la pandemia, que exige medidas de prevención y cuarentenas para preservar la vida, está generando una de las peores crisis económicas y sociales de las que tenemos conocimiento en la región. Entonces, el no acceso a la vacuna implica vulneraciones gravísimas de derechos asociados a la vivienda, el alimento, la vida digna, la salud. La vacuna es un derecho humano y es una condición para ejercer muchos otros derechos humanos”.
MarinaZato

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